El Perú tiene el triste récord de ser uno de los países con más asesinatos y casos de violencia contra las mujeres. De acuerdo al estudio Perú: feminicidio y Violencia contra la Mujer 2015-2020 elaborado por el Comité Estadístico lnterinstitucional de la Criminalidad (CEIC), de cada 10 mujeres, cinco fueron víctimas de violencia familiar ejercida alguna vez por el esposo o conviviente (54,8%) en el año 2020.
La cifra muestra una reducción de casos respecto a años anteriores, lo que no ha ocurrido con la data de feminicidios. Según el Poder Judicial, en el 2015 se registraron 84 feminicidios, en el 2019 la cifra de víctimas subió a 148, hubo 137 en el 2020, otros 136 en el 2021 y hasta marzo del 2022 se cuenta 17 feminicidios.
Tanto la sociedad civil como el Poder Ejecutivo han puesto en marcha diversas acciones para contrarrestar este problema social. A la legislación iniciada en 1993, se sumó el Decreto Legislativo N° 1368 (2018) mediante el cual el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) implementó el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (SNEJ) con el que se amplió la cobertura de servicios especializados en algunas regiones del país.
Asimismo, para atender el problema de manera articulada, se aprobó la Estrategia Nacional de Implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar 2021-2026, a cargo del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
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Pese a un avance en marco normativo, en la práctica, las víctimas aún se ven agobiadas por la lentitud de los procesos en el ámbito jurisdiccional. Por ello, el Poder Judicial está implementando el Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE) en la especialidad Familia (subespecialidad en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar) en las cortes superiores a fin de dar celeridad a los procesos de violencia contra la mujer.
Así, desde noviembre del 2021 a la fecha, el EJE y MPE para estos casos ya funcionan en las cortes superiores de Puente Piedra-Ventanilla, Sullana, Lima Norte, Lambayeque, Cajamarca, San Martín, Ica, Junín y Ayacucho. Según dijo la presidenta del Poder Judicial Elvia Barrios Alvarado, la meta es concluir con la implementación de ambos mecanismos para casos de violencia contra la mujer en las 31 cortes superiores de justicia del país (Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cañete, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Huaura, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima Este, Lima Sur, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Santa, Selva Central, Tacna, Tumbes y Ucayali).
¿QUÉ ES EL EJE?
El EJE es una plataforma digital que permite a los abogados presentar su escrito en línea ingresando en la mesa de partes electrónica (MPE). El juez recibe a la brevedad los escritos iniciales y emite su resolución haciendo uso de su firma electrónica. Luego, notifica a los abogados sobre el estado del proceso o consultar la sentencia. Todo el expediente judicial está disponible en línea, incluyendo la demanda, pruebas, escritos, resoluciones y notificaciones para uso de los mismos litigantes y de los ciudadanos.
Empezó a funcionar en agosto del 2017 en las especialidades de Comercial, Tributario y de Mercado y Laboral- Nueva Ley Procesal del Trabajo. En noviembre de 2021 se incluyó a la especialidad de Familia (subespecialidad en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar) dada la magnitud de este problema social.
El juez supremo Héctor Lama More, presidente de la Comisión del EJE, refirió que el mayor beneficio del EJE y de la MPE es la celeridad tal como se puede ver en los procesos de las cortes de provincias donde fueron puestos en marcha. Así, el tiempo que toman los procesos en primera instancia se ha reducido durante el 2021. “De 128 días que tenía el expediente físico, el expediente electrónico registra 62 días. En promedio una reducción del 51 % de tiempo”, dijo.
Igualmente, refirió que la implementación en los diversos distritos judiciales facilita la coordinación Policía – Poder Judicial. “La MPE permite una comunicación directa entre la policía y el juez, pues a través de esta vía el policía remite la denuncia al magistrado quien va a estudiar el caso y, si lo considera pertinente, otorga las medidas de protección en el menor tiempo establecido”, explicó.
La presidenta de la Corte Superior de Lima Norte Carmen López Vásquez resaltó que la implementación del EJE y la MPE hace posible la reducción de costos a favor de los justiciables. Por su parte, el juez Flaviano Llanos Laurente, presidente de la Corte Superior de Puente Piedra-Ventanilla, explicó que, gracias a la implementación del EJE, las víctimas de violencia familiar no tendrán la necesidad de acudir hasta la sede del Poder Judicial para presentar su denuncia, sino que podrá hacerlo de manera digital.
En tanto, el presidente de la Corte Superior de Ica Rafael Salazar Peñaloza destacó que el EJE y la MPE aseguran un trabajo transparente en favor de las víctimas.
Elvia Barrios agregó que el Poder Judicial enfrenta a la violencia contra la mujer también con otras iniciativas tecnológicas como, por ejemplo, la interoperabilidad con las comisarías, el botón de pánico, el aplicativo Seguras (que permite la geolocalización de los locales de las instituciones del sistema de justicia). “El uso de las tecnologías de la información, el día de hoy, es central y fundamental en la lucha contra la violencia a las mujeres, porque nos ayuda a recortar los tiempos y dar celeridad a los casos de violencia”, aseguró.
¿DÓNDE FUNCIONAN?
