Más que una tecnología, las microformas están pensadas para resolver uno de los problemas estructurales más graves del Poder Judicial del Perú: el colapso y la fragilidad de sus archivos físicos que ralentiza la administración de justicia. Todas las cortes superiores de justicia a nivel nacional deben contar con esta herramienta antes del 15 de agosto de este año.
Lo que millones de peruanos tenemos en la retina de los ojos sobre los juzgados del país son miles de expedientes apilados en los pasillos. Pero el mayor perjuicio ocasionado por esas rumas no está en la obstaculización del espacio sino en la ralentización o mala administración de los procesos judiciales. Los expedientes, el principal instrumento para la toma de decisiones, están expuestos a factores ambientales y físicos como la humedad y el fuego.
La vulnerabilidad del papel contribuye a la corrupción y la manipulación de documentos ya que se puede desaparecer una hoja, cambiar de folio y alterar el expediente. Buscar un expediente antiguo puede tomar días, semanas o nunca encontrarse. Además, los documentos se rompen, se borran sellos y firmas.
Es por ello que el Poder Judicial está implementando, de manera progresiva, las microformas digitales con valor legal. Esta tecnología facilitará el acceso ágil y seguro a la información judicial, reduciendo significativamente los tiempos de respuesta.
De acuerdo con el Plan de Digitalización 2025-2026, que incorpora la estrategia de microformas (publicado en agosto 2025), el plazo máximo para que todas las cortes implementen y operen sus líneas de microformas con valor legal es el 15 de agosto de 2026.
Pero ¿qué son las microformas? Son copias fieles y exactas de documentos originales, obtenidas mediante procesos técnicos de microfilmación o digitalización certificada, que sustituyen legalmente al documento físico.
Dicho de otra manera, las microformas son un mecanismo legal y tecnológico de conservación documental que permite digitalizar expedientes y documentos judiciales para otorgarles el mismo valor legal que el original en papel, reduciendo costos, riesgos de pérdida y tiempos de acceso a la información.
Según detalla el Poder Judicial, la digitalización de expedientes se realiza bajo estrictos estándares de calidad e incluye etapas como la preparación, digitalización, control de calidad, indización, verificación por un fedatario y conservación final en discos ópticos resguardados en una bóveda de seguridad.
¿CÓMO VA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MICROFORMAS EN EL PODER JUDICIAL?
La Corte Superior de Justicia de Ayacucho logró recientemente (enero 2026), la certificación de línea de producción de microformas con valor legal, lo que permitirá deshacinar sus archivos.
No es el único. Como parte de un plan institucional, el Poder Judicial ha iniciado, desde el 2024, la implementación de estos instrumentos digitales legales. Para ello, en primer lugar, mediante Resolución Administrativa N° 000153-2024-GG-PJ (27 de febrero de 2024) se aprobó la directiva denominada “Gestión de microformas con valor legal en el Poder Judicial” – Versión 001, impulsada por la Comisión Nacional de Archivos a cargo del consejero Johnny Cáceres Valencia.
Esta directiva tiene como objetivo establecer disposiciones para las actividades de gestión de microformas con valor legal de los documentos administrativos y jurisdiccionales en condición de archivo definitivo que se encuentran en custodia de los Archivos Desconcentrados del Poder Judicial.
Este proceso también proporcionará documentos digitales a los usuarios judiciales, quienes, posteriormente, podrán presentarlos a través de la Mesa de Partes Electrónica (MPE), fortaleciendo de esta manera el uso del Expediente Judicial Electrónico (EJE), detalla el Poder Judicial.
Es así que, en octubre de 2024, el Poder Judicial inauguró el proyecto “Línea de Microformas de la Corte del Cusco”, para digitalizar con valor legal expedientes judiciales de la referida jurisdicción. En junio 2025, la Corte Superior de Justicia del Santa fue una de las primeras en alcanzar la certificación de su línea de producción y almacenamiento de microformas digitales. Días después, la Corte Superior de Justicia de Lima Norte (CSJLN) también consiguió la respectiva certificación.
En la jurisdicción de Lima Norte, el moderno mecanismo permitirá la digitalización progresiva de más de un millón y medio de expedientes judiciales archivados, comenzando, en una primera etapa con 65,000 expedientes vinculados a procesos de alimentos.
Ambas líneas de producción fueron certificadas por SGS Perú (entidad auditora internacional), lo que habilita la validez legal de las microformas generadas para efectos judiciales y administrativos. Esto significa que un expediente archivado, una vez procesado en esta línea, puede ser consultado y utilizado como prueba o antecedente judicial sin necesidad del original en papel.
En octubre de 2025, la Corte Superior de Justicia de Lima inauguró también su línea de producción. La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi comentó que se proyecta ampliar la cobertura a las cortes de Áncash, Lambayeque, Puno, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Puente Piedra-Ventanilla, Huancavelica y Tumbes. Esta ampliación, también está prevista para las dependencias nacionales en un solo proyecto, es decir para la Corte Suprema, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y la Gerencia General.
OTRAS CORTES DE JUSTICIA QUE HAN DADO LOS PRIMEROS PASOS PARA LAS MICROFORMAS DIGITALES
En junio de 2025, la Corte Superior de Justicia de Tumbes obtuvo la certificación de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) otorgada por la Municipalidad Provincial de Tumbes en el establecimiento donde funcionará su línea de producción.
La Corte Superior de Justicia de la Selva Central (setiembre, 2025) ya cuenta con la certificación de la Oficina de Defensa Civil a nivel provincial, así como el certificado ITSE de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo para el funcionamiento de nuevas oficinas administrativas que permitirán la entrega de información digital de archivo.
DATO
En el año 2013 se puso en marcha un proyecto de implementación de una línea de producción de microformas digitales en el Poder Judicial en el marco del Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia (PMSJ), con apoyo del Banco Mundial, el cual no tuvo el impacto esperado.