El Decreto Supremo N.° 127-2025-PCM ordena incautaciones permanentes de chips y celulares, el uso de drones para vigilancia aérea y la verificación del funcionamiento de bloqueadores de señal, como parte de la estrategia nacional contra la inseguridad ciudadana.
Las denuncias de extorsión en el país han mostrado incrementos importantes en 2024-2025. Los reportes periodísticos y los registros policiales muestran cifras históricas: por ejemplo, a octubre de 2025 se informaron más de 23.000 denuncias (año con aumento interanual). Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), de las denuncias de extorsión en el país en 2024 (15 384 casos), solo 0,2 % provinieron de los penales. Si bien el porcentaje que se observa es bajo, el caso es que no debería salir ni una sola llamada extorsiva de los centros penitenciarios.
Es por ello que, dentro de las acciones a ejecutar contra la inseguridad ciudadana, se ha puesto en la mira a las comunicaciones ilegales en los penales. De esa manera, el Decreto Supremo N.° 127-2025-PCM que dicta nuevas acciones para el estado de emergencia (Decreto Supremo N° 124-2025-PCM), dispuso operativos permanentes de incautación de tarjetas SIM (chips) telefónicos, teléfonos celulares, armas blancas, y demás artículos prohibidos. Esta labor estará a cargo del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), apoyado por las fuerzas integradas: la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.).
Asimismo, se realizará el desmontaje de antenas de telecomunicación ilícitas instaladas en zonas aledañas, el apagón eléctrico en celdas (sin afectar la iluminación). Estas acciones se complementarán con el monitoreo aéreo mediante drones y el incremento de inspecciones para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos inhibidores de señal en los establecimientos penitenciarios.
El INPE, el Minjusdh y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) intensificarán inspecciones y pruebas para el correcto funcionamiento de los equipos bloqueadores o inhibidores de señales radioeléctricas de servicios de telecomunicaciones en los establecimientos penitenciarios.
El Sistema de Inteligencia Nacional realizará las pruebas de confiabilidad mediante el uso del polígrafo al personal del INPE, así como a otros servidores o funcionarios que determine el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), conforme a los criterios y procedimientos establecidos en la normativa vigente.
DATOS
- A pesar de los avances, persisten vacíos: solo 30 de 69 penales tienen bloqueadores de señal completos, y la tecnología de inhibición no garantiza la eliminación total del riesgo.
- El expresidente del INPE, Javier Llaque refirió que los bloqueadores de celulares funcionan en un 95 %, ya que no existe en el mundo alguno que funcione al 100 %.
- El consorcio Prisontec es la firma encargada de la colocación de los bloqueadores de celulares en los penales del Perú como una medida para cerrar el paso a las extorsiones que se planean y perpetran desde esos lugares.
¿QUÉ DEBEN HACER LAS VÍCTIMAS?
- Si recibes una llamada extorsiva: no respondas a exigencias, conserva toda la evidencia (grabaciones, números, horarios, capturas). Denuncia de inmediato. Las vías oficiales: llamar a la Central 111 (línea gratuita para denuncias de extorsión / atención 24 h) o al 105 para emergencias que deriva a la comisaría; también puedes acudir al Ministerio Público o comisaría más cercana. La atención en la línea 111 está a cargo de la División de Secuestros y Extorsiones (Divise)
- Hay materiales y guías prácticas: la web del Estado indica cómo registrar la denuncia y remitir el caso a Divincri para investigación especializada; la PNP y la Fiscalía realizan peritajes telefónicos y operativos para identificar el origen de las llamadas.