El Decreto Supremo Nº 128-2025-PCM se suma a normas anteriores con las que el Poder Ejecutivo busca romper el circuito informal que abastece de líneas telefónicas a grupos delictivos que operan desde los penales y en las calles del país. Incorpora a las municipalidades como actores de la lucha contra la comercialización callejera de tarjetas SIM y refuerza la coordinación entre Osiptel y las autoridades a cargo de la seguridad ciudadana
En los últimos años, canales digitales como los SMS, WhatsApp, Facebook y las llamadas telefónicas se han convertido en los preferidos por los delincuentes para enviar mensajes extorsivos, cometer fraudes y otros delitos cibernéticos, según un reporte del Observatorio de Crimen y Violencia. En términos de cifras, la Fiscalía de Delitos Informáticos reportó que entre enero y abril del 2025 se presentaron 12.809 denuncias de delitos informáticos tipificados, cifra superior a los 12.113 reportados en el mismo periodo del 2024. Ello representa un crecimiento anual del orden del 5,7%. Solo en abril se sumaron 3.616 casos nuevos, es un promedio de 120 denuncias diarias.
Ante este escenario, el Gobierno ha puesto uno de los focos en la venta ilegal de tarjetas SIM de equipos móviles conocidos también como chips. Así, dentro del Decreto Supremo Nº 124-2025-PCM, que declaró el estado de emergencia en Lima y Callao, incluyó operativos de fiscalización de venta ilegal de chips como parte de la estrategia. Adicionalmente, el Decreto Supremo N.° 127-2025-PCM también contiene medidas explícitas para erradicar el uso de chips en los centros penitenciarios desde donde se producen las llamadas extorsivas.
Ahora, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto Supremo Nº 128-2025-PCM con el que emite disposiciones adicionales a la Ley Nº 32451 (que establece sanciones de hasta nueve años para quienes activen, provean o adquieran chips telefónicos en el país) y modifica la Ley de Delitos Informáticos (Ley N.º 30096) y al Código Penal Decreto Legislativo 635 respecto a la activación ilegal de líneas de servicios móviles y la posesión ilegal de tarjetas SIM.
TRABAJO ARTICULADO
El Decreto Supremo Nº 128-2025-PCM refuerza la coordinación interinstitucional entre las autoridades del sector telecomunicaciones y las de seguridad ciudadana para luchar y sancionar la venta ilegal de chips y, uniformiza criterios y procedimientos para determinar la información necesaria en el marco de la Ley N° 32451. También define qué entidades pueden acceder a la información vinculada con el proceso de comercialización, contratación y activación de los servicios móviles. Asimismo, se fija un mecanismo de coordinación interinstitucional entre entidades públicas y las empresas operadoras de servicios móviles.
Así, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) brindará a la Policía Nacional del Perú (PNP), al Ministerio Público (Fiscalía) y al Poder Judicial acceso en línea a la información sobre el proceso de comercialización, contratación y activación de los servicios públicos móviles que le reporten las empresas operadoras, en cumplimiento de sus disposiciones normativas.
La información que debe generar la empresa operadora incluirá la trazabilidad y ruta del SIM card o chip, esto es, el proceso de comercialización, contratación y activación del servicio móvil y la identificación de todas las personas que han intervenido en estas etapas.
Este mecanismo, que es impulsado por el Osiptel, permitirá a las autoridades contar con información oportuna para la investigación de irregularidades, evitar fraudes y desarticular redes criminales vinculadas al uso indebido de líneas móviles.
“La trazabilidad de cada SIM card o chip es una herramienta clave para fortalecer la seguridad digital y ciudadana. Con esta medida, aseguramos que cada línea móvil tenga un responsable plenamente identificado y que las autoridades puedan actuar con rapidez ante cualquier uso indebido”, destacó el presidente ejecutivo (e) del Osiptel, Jesús Guillén Marroquín.
EL ROL DE LAS MUNICIPALIDADES
Otro punto resaltante es que con este decreto, las municipalidades distritales tendrán un rol activo en la lucha contra la venta ilegal e informal de chips. La norma dispone que estas entidades, en el marco de sus funciones de control del comercio ambulatorio, informen al Osiptel, a la PNP y al Ministerio Público sobre el comercio ambulatorio o en la vía pública de servicios móviles, con el fin de combatir las irregularidades en la contratación del servicio público móvil, el comercio ilegal de SIM cards y fortalecer el control sobre la formalidad en el mercado.
Las municipalidades deberán comunicar estos reportes al día hábil siguiente de haber detectado la comercialización irregular de servicios móviles de forma ambulatoria o en la vía pública, señalando la ubicación geográfica, el nombre de las empresas operadoras involucradas, y los datos de las personas identificadas en la comercialización ilegal.
Al respecto, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, destacó que esta disposición permite reforzar la acción del Estado frente a las mafias que usan los servicios móviles como instrumentos de extorsión y crimen. “Con esta norma cerramos espacios a la ilegalidad por la seguridad de los ciudadanos”, puntualizó.
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