Un marco más duro contra el uso del celular para extorsiones. Con estos cambios, el Gobierno apunta a cerrar brechas que permitían que celulares robados, clonados o alterados siguieran funcionando por semanas o meses. La nueva regulación acelera los bloqueos, amplía quiénes pueden solicitar la baja de una línea y fortalece la trazabilidad de los equipos que ingresan a la red.
La guerra contra el uso de celulares para los delitos no se detiene. El Gobierno publicó el Decreto Supremo N.º 017-2025-IN, una norma que modifica el reglamento del Decreto Legislativo 1338 y cambia de manera sustancial el sistema con el que se gestionan los IMEI y se bloquean los celulares vinculados a robos, alteraciones y actividades delictivas.
La norma introduce cambios en siete artículos clave y fortalece las facultades del Organismo Supervisor de la Inversión en Telecomunicaciones (Osiptel), del Ministerio del Interior y de la propia Policía Nacional del Perú (PNP) para actuar con mayor rapidez frente al uso del celular como herramienta criminal.
Así tenemos:
- Bloqueos más rápidos y con nuevos criterios: Uno de los cambios más importantes es la reducción drástica de los plazos para suspender líneas y bloquear equipos. Los celulares reportados por delitos deberán ser bloqueados en un máximo de un día, mientras que aquellos reportados por usuarios o comercios tienen plazos que van desde la atención inmediata hasta las 48 horas. Además, si el teléfono tiene más de un IMEI, el bloqueo se aplicará a todos los códigos asociados.
- Más equipos podrán ser enviados a la Lista Negra: El Osiptel ahora puede incorporar a la Lista Negra no solo celulares robados, sino también aquellos que operen sin estar en la Lista Blanca, hayan sido detectados como alterados, estén vinculados a investigaciones por delitos, o cuyo bloqueo haya sido solicitado expresamente por el usuario afectado. Esto amplía considerablemente la capacidad del Estado para impedir que equipos irregulares o usados por delincuentes continúen operando en la red.
- Operadoras con mayores obligaciones y controles de identidad: Las empresas operadoras deberán verificar la identidad de los abonados únicamente mediante sistemas biométricos y, en el caso de extranjeros, solo con el documento reconocido por Migraciones. También deberán reportar cuando una misma línea solicite bloquear más de un equipo, una medida pensada para evitar maniobras fraudulentas.
- Una autoridad también puede ordenar la desconexión inmediata del celular. Las operadoras estarán obligadas a dar de baja servicios y bloquear equipos a pedido del Ministerio del Interior, PNP, Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el Ministerio Público o el Poder Judicial. El bloqueo ya no depende solo del reporte del usuario.
- Osiptel asume un rol mucho más activo. Ahora puede ordenar bloqueos, suspensiones y bajas de líneas en casos vinculados a delitos. También deberá responder en un plazo de 12 horas cuando el pedido provenga de un usuario afectado que haya presentado denuncia policial.
- La norma además obliga al Osiptel a crear un nuevo sistema seguro de transmisión de información para coordinar en tiempo real con la PNP, el INPE, el Ministerio Público y el Poder Judicial. El sistema deberá estar operativo en un máximo de 120 días hábiles.