Luego que el Gobierno emitiera normas intensificando la lucha contra la venta informal de las tarjetas SIM, las operadoras anunciaron que pusieron en marcha acciones para contrarrestar la transacción ilegal, pero especialistas afirman que hay un doble discurso por parte de las empresas y que no tendrían interés en frenarla por los ingresos que genera. En el Congreso hay un proyecto de ley para dar responsabilidad penal a los directivos de las operadoras.
El ordenamiento de la venta de celulares y de las tarjetas SIM, conocidas también como chips, se ha convertido en punto importante de la lucha contra la inseguridad ciudadana. El Poder Ejecutivo, dentro de las acciones del estado de emergencia anunciado mediante Decreto Supremo Nº 124-2025-PCM (21 de octubre), incluyó la lucha contra la venta ilegal y callejera de chips o tarjetas SIM de celulares. No obstante, un reporte de Latina, mostró cómo continuaba la venta de chips en las calles de Lima, sin ningún control ni verificación por parte de las empresas operadoras.
Para encender aún más los ánimos, el podcast La Contra difundió audios en donde se le escucha al gerente general de Claro Perú, Humberto Chávez, reconocer, en una reunión con funcionarios de Osiptel, que el 75 % de las ventas de chips pospagos de su empresa se realizan de forma ambulatoria. Si bien las palabras se dieron hace más de un año, el hecho cobra relevancia si se tiene en cuenta cuánto ha escalado el nivel de extorsiones y otros delitos vía telefónica y el papel que tienen los chips informales dentro del estado de emergencia.
“Del 100% de las ventas que se hacen de SIMCards para prepago, más del 75% se hacen por la venta ambulatoria, por la venta itinerante”. “Erradicar un canal que representa prácticamente la totalidad de las ventas es cortarnos las piernas. Se acaba el mal, pero se acaba el operador”, dijo Chávez.
Las respuestas de las operadoras telefónicas no se hicieron esperar y dieron a conocer sus acciones.
Claro emitió un comunicado (3 de noviembre) en el que afirma que las palabras de su gerente son “referenciales” y corresponden a cifras anteriores a la implementación de nuevas medidas de seguridad.
Tanto Movistar, Claro, Entel como Bitel afirmaron que sus distribuidores están totalmente prohibidos de comercializar de manera itinerante y que son sancionados con penalidades contractuales y denuncias penales. Aplican controles avanzados como la biometría del comprador y del vendedor. Asimismo, activaron un sistema de geolocalización que permite conocer la procedencia de las activaciones de líneas para detectar posibles irregularidades.
RESPONSABILIDAD PENAL
Días después, el gobierno apuntaló la lucha contra la venta ilegal de chips publicando el Decreto Supremo Nº 128-2025-PCM que refuerza el control sobre activación y venta ilegal de líneas móviles. La norma, que aprueba disposiciones adicionales sobre la modificatoria de la Ley de Delitos Informáticos y el Código Penal, dispone que el Osiptel brindará a la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial el acceso en línea a la información sobre el proceso de venta, contratación y activación de los servicios públicos móviles reportados por las empresas de telefonía.
Es ahí cuando nuevamente volvieron a saltar las voces. Para el fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, las medidas no son suficientes. Consideró que es necesario profundizar la legislación sobre la venta irregular de chips y planteó que las operadoras tengan no solo responsabilidad civil sino también penal ante este tipo de situaciones. En ese sentido, refirió que durante una reunión en el Ministerio del Interior propuso a las operadoras que cuenten con un protocolo de prevención de venta indiscriminada de estos aparatos.
“Cualquiera va a una empresa y compra chips. Creo que dentro de esta estrategia se tiene que convocar a las empresas y sean responsables no solo civil sino, penal por estas acciones”, comentó. “Las personas jurídicas tienen responsabilidad penal y para que no tengan responsabilidad penal, deben tener un protocolo de prevención”, dijo en entrevista a RPP.
El suspendido presidente de Osiptel Rafael Muente Schwarz fue más allá. Advirtió que las operadoras carecen de una una real intención de contar con una rigurosa fiscalización de la venta ilegal de chips pues existe un claro interés económico por los ingresos que estas transacciones les genera.
Recordó las palabras de Chavez y explicó cómo se generan esos ingresos. “El delincuente compra un chip. Una vez que hace una llamada extorsiva lo desecha. Luego, para evitar que lo rastreen, vuelve a comprar otro para hacer otra llamada y así, sucesivamente. Esa rotación genera ventas a las operadoras”, comentó en declaraciones a RPP.
Incluso, dijo que “hay un doble discurso por parte de las empresas” pues recordó que las operadoras presentaron una demanda al Poder Judicial contra la resolución del Instituto de Defensa de la Competencia de la Propiedad Intelectual (Indecopi) que les prohibió la venta de chips en las calles.
Recordemos que, en 2021, América Móvil Perú S.A.C. (Claro) interpuso ante el Indecopi una demanda en la que argumentaba que la prohibición de Osiptel de vender chips en la calle era una barrera burocrática. El Indecopi determinó que la prohibición tenía sustento legal. La decisión se tomó en segunda y última instancia administrativa, rechazando así la denuncia presentada por Claro. Esa resolución fue la 652-2021/SEL-INDECOPI. Esto significa que la prohibición de la venta ambulatoria de chips es legal y está vigente.
Posteriormente, en el año 2022, Entel Perú S.A. Movistar y Bitel interpusieron una demanda judicial para solicitar la nulidad total de la Resolución N° 661-2021/SEL-INDECOPI, es decir, para que se declare inaplicable la contratación o venta de servicios de telefonía móvil en lugares no autorizados, como la vía pública (venta de chips callejeros).
Muente recordó que a iniciativa de Osiptel el Congreso aprobó una ley que prohibía la venta de celulares en la calle, pero que fue observada por la expresidenta Dina Boluarte Zegarra. La que sí logró ser aprobada por insistencia por el Parlamento fue aquella que atribuía responsabilidad penal a los vendedores.
EL PROYECTO DE LEY
El congresista Edgard Raymundo Mercado, del Bloque Democrático Popular, presentó un proyecto de ley que propone sancionar penalmente a los gerentes, directores o administradores de empresas de telefonía por su participación —directa o indirecta— en la venta ambulatoria de chips. La iniciativa, registrada el martes 11 de noviembre con el número 13162/2025-CR, plantea modificar el artículo 272-B del Código Penal, incorporando penas de hasta cuatro años de cárcel y multas económicas para los ejecutivos de las operadoras que incumplan la norma.
El proyecto establece que los directores, administradores o gerentes de las empresas de telecomunicaciones que permitan, autoricen o no controlen adecuadamente la venta de chips en la vía pública podrían recibir una pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años, además de una multa de entre 365 y 730 días-multa.
En su exposición de motivos, el congresista Raymundo enfatiza que las normas vigentes castigan solo al vendedor ambulante, mientras que las compañías no enfrentan consecuencias efectivas.
En tanto, el abogado Erick Iriarte, especialista en derecho digital, consideró que atribuir responsabilidad penal a las empresas de telefonía no sería un «camino idóneo» para enfrentar la venta ambulatoria de chips en las calles y prevenir delitos como la extorsión. Dijo que las organizaciones criminales pueden utilizar otros mecanismos, como una identidad falsa para la compra o adquirir chips electrónicos.
Iriarte también apuntó que las compañías telefónicas deben tener claridad de quiénes son sus intermediarios en la venta y quiénes son las personas que los adquieren. Advirtió también que los compradores pueden utilizar mecanismos legales para la adquisición de varias tarjetas sin levantar sospechas.