El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) estableció las tarifas tope de los servicios de transporte y de acceso a internet para los proyectos regionales de banda ancha y conectividad integral los mismos que se desarrollan en Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Lima, Cusco, Ica, Junín, Lambayeque, Moquegua, Tacna, así como otros proyectos en ejecución o planificación en Huánuco, Amazonas, Puno, Pasco y San Martín.
De acuerdo con las resoluciones N.° 121 y N.° 122-2025-CD/OSIPTEL, publicadas el 8 de diciembre de 2025 en el diario oficial El Peruano, la aplicación de las nuevas tarifas tope implica una reducción de hasta 83 % con respecto a las tarifas vigentes por el servicio de acceso a internet para instituciones públicas obligatorias. Además, ahora alcanzarán a todas las instituciones públicas de las localidades beneficiarias.
Según explicó el regulador de las telecomunicaciones, mediante las nuevas tarifas tope se promoverá el aprovechamiento de la tecnología en todas las instituciones públicas, impulsando con ello la adopción de un gobierno digital al servicio de la ciudadanía.
Por ejemplo, los centros de salud podrán proveer servicios de telemedicina y brindar el acceso a resultados de forma remota. Así, se acercará la atención médica a las poblaciones más alejadas. En las instituciones educativas ayudará a impartir clases a distancia, acceder a contenido y aprovechar las herramientas de la inteligencia artificial (IA) para mejorar la calidad, equidad y eficiencia en la educación.
En general, todas las instituciones públicas contarán con la velocidad necesaria para realizar videoconferencias, digitalizar procesos, aprovechar las aplicaciones de la IA y utilizar otras herramientas que les permitan crear valor.
¿Qué son los proyectos regionales de banda ancha? Son iniciativas que buscan expandir la infraestructura de redes de alta capacidad a fin de brindar conectividad a nivel distrital en el territorio nacional. Se componen de una red de transporte que conecta las capitales de provincia y de distrito; y una red de acceso con la cual se provee el servicio de acceso a internet a la población y las instituciones públicas de las localidades beneficiarias.
Las operadoras o empresas que brindan los servicios de conectividad en los proyectos regionales de banda ancha y conectividad integral (a los cuales aplica la reducción de tarifas tope) son principalmente contratistas adjudicados por el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) para construir y operar estas redes en distintas regiones del Perú. Estos proyectos no funcionan como servicios comerciales típicos (como los que ofrecen Movistar o Claro a clientes finales), sino como contratos de infraestructura y prestación de servicios públicos de internet y transporte de datos.
Los principales operadores o contratistas de estos proyectos regionales son Gilat Networks (Gilat Perú S.A.C.) y América Móvil Perú S.A.C. (parte de Claro).
¿CÓMO FUE EL CÁLCULO DE LAS TARIFAS TOPE PARA LOS PROYECTOS DE BANDA ANCHA?
Para el cálculo de las tarifas tope en el servicio de acceso a internet se mantuvo un tratamiento híbrido, utilizando dos tramos. En el primero, que comprende velocidades desde 2 Mbps hasta 20 Mbps, se empleó un enfoque de sumatoria de costos; mientras que en el segundo tramo, que abarca velocidades desde 40 Mbps hasta 200 Mbps, se proyectó las tarifas según la dinámica del mercado a partir de la oferta comercial observada.
Respecto a las tarifas tope establecidas para el servicio de transporte, se utilizaron las aprobadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO), otorgando mayor flexibilidad con un esquema tarifario, según la capacidad contratada y cuidando la consistencia entre la RDNFO y los proyectos regionales.
A fin de de mantener valores actualizados con la realidad del sector, de acuerdo a las resoluciones publicadas, se ha dispuesto un mecanismo de ajuste ante modificaciones en las tarifas de la RDNFO, así como el inicio de la revisión de las tarifas tope en un plazo de dos años desde su publicación.