El domingo 12 de abril el Perú entró a un entrampamiento que tiene como uno de sus protagonistas a la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) —implementada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)— cuyas fallas han llevado a las Elecciones Generales 2026 a la primera gran auditoría electoral digital del Perú.
Para calentar más el panorama, a un mes de los cuestionados comicios y días después del anuncio efectuado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), aún no se sabe quién, cuándo ni cómo se realizará dicha auditoría, que para varios especialistas habría sido anunciada solo para calmar las críticas.
La digitalización del proceso electoral en el Perú no es nueva. En las Elecciones Regionales y Municipales del 2014 se utilizó el voto electrónico presencial en siete distritos. El elector acudía físicamente al local de votación y sufragaba mediante una cabina electrónica con pantalla y sistema automatizado.
En las elecciones generales de 2016, la ONPE amplió el sistema a varios distritos de Lima, Callao y Cañete. Los resultados fueron óptimos, no se produjo nada que pudiera llevar a cuestionamientos de los resultados. El panorama actual ahora es distinto.
Por eso, la auditoría informática a los resultados de las elecciones del 12 de abril podría convertirse en un punto de quiebre para el sistema electoral peruano. No solo por los cuestionamientos y desconfianza que rodea al proceso, sino porque marca uno de los primeros intentos de revisión técnica integral de la infraestructura digital electoral bajo presión política y escrutinio público masivo.
Por primera vez, conceptos como ciberseguridad, auditoría informática, trazabilidad digital, integridad de datos y vulnerabilidades tecnológicas pasaron del ámbito técnico a la discusión política cotidiana.
ERA SOLO UN ASUNTO LEGAL
Hasta ahora, los debates sobre los resultados electorales en Perú habían girado principalmente en torno a actas impugnadas, nulidades de mesa, conflictos legales o acusaciones de fraude político. Así, en las elecciones presidenciales de 2016, el candidato Julio Guzmán, tras ser excluido del proceso electoral por irregularidades en la inscripción de su candidatura, alegó fraude y maniobras políticas para favorecer a otros candidatos. Tanto él como sus seguidores recurrieron a mecanismos legales para impugnar la decisión del JNE.
En las elecciones generales de 2021, la candidata Keiko Fujimori cuestionó los resultados de la segunda vuelta tras perder por un estrecho margen frente a Pedro Castillo. La lideresa de Fuerza Popular denunció presuntas irregularidades en miles de votos, especialmente en zonas rurales donde su rival obtuvo amplio respaldo electoral. Como parte de esa estrategia, presentó múltiples recursos legales, solicitó la nulidad de actas de votación y exigió auditorías al proceso electoral.
Ahora, las elecciones de 2026 trasladaron parte de la controversia hacia un nuevo terreno: los sistemas tecnológicos que sostienen el procesamiento y transmisión de resultados. La crisis evidencia que la confianza electoral ya no depende únicamente de custodiar ánforas o contar votos físicos, sino también de garantizar que plataformas, servidores y sistemas funcionen sin errores ni sospechas de manipulación.
El mensaje implícito es claro: en la era digital, la legitimidad electoral también se juega en el terreno tecnológico.
EL ANTECEDENTE QUE PODRÍA REDEFINIR FUTURAS ELECCIONES
La auditoría podría dejar efectos permanentes sobre el modelo electoral peruano. Entre los posibles cambios que especialistas anticipan están mayores controles externos a los sistemas electorales, auditorías previas obligatorias, protocolos de ciberseguridad más estrictos, participación de universidades y expertos independientes, e incluso reformas legales sobre supervisión tecnológica electoral.
Por lo pronto, la ONPE anunció que ya no usará la STAE en las elecciones de la segunda vuelta. También podría influir en el futuro del voto digital y electrónico, proyectos que ya enfrentaban resistencia antes de la crisis de 2026. Recordemos que la ONPE de la era Corvetto, en una carrera contra el tiempo, diseñó el voto electrónico no presencial (VENP) que no llegó a ver la luz debido a que una auditoría informática de la JNE concluyó que el software no cumplió los estándares requeridos.
La experiencia internacional muestra que las democracias modernas enfrentan el reto de proteger elecciones que ya no dependen solo de votos físicos, sino de ecosistemas digitales complejos y expuestos a errores, ataques y desinformación.
En ese contexto, la auditoría electoral de 2026 podría quedar registrada como el momento en que Perú ingresó plenamente al debate sobre seguridad electoral digital y gobernanza tecnológica democrática.