El Decreto Legislativo N.° 1744 incorpora el uso de inteligencia artificial como agravante de ciberdelitos y establece penas de hasta seis años de prisión por accesos ilícitos mediante contraseñas, credenciales y códigos de autenticación.
El uso de inteligencia artificial (IA) para cometer delitos informáticos será un agravante para las penas de prisión en el Perú. El Decreto Legislativo N.° 1744, publicado el 8 de noviembre de 2026 en el diario oficial El Peruano, modifica la Ley N.° 30096, Ley de Delitos Informáticos, para adecuar la legislación penal a nuevas modalidades de ciberdelincuencia que utilizan tecnologías digitales, aplicaciones móviles y plataformas informáticas.
La norma introduce dos cambios relevantes: incorpora expresamente la inteligencia artificial como circunstancia agravante y refuerza las sanciones contra quienes ingresan ilegalmente a sistemas informáticos utilizando credenciales, contraseñas o códigos de verificación sin autorización.
Con los cambios aprobados, la legislación penal incorpora expresamente nuevas formas de utilización de tecnologías digitales en la comisión de delitos y refuerza las herramientas jurídicas para su persecución.
Uso de IA en delitos informáticos agravará las penas
La modificación del artículo 11 de la Ley de Delitos Informáticos establece que, cuando un delito previsto en esta legislación se cometa empleando inteligencia artificial o tecnologías similares, el juez podrá aumentar la pena privativa de libertad hasta en un tercio por encima del máximo legal.
La medida resulta relevante porque la IA puede utilizarse para facilitar conductas delictivas, como elaborar mensajes de engaño personalizados o generar contenidos falsificados para suplantar identidades.
Vale aclarar que la modificación no crea un delito autónomo relacionado con la inteligencia artificial sino que es una agravante que se aplica cuando esta tecnología interviene en la comisión de delitos informáticos ya tipificados.
La norma también contempla otras circunstancias agravantes, como la afectación de activos críticos nacionales o la utilización de personas jurídicas. Si el delito es cometido por un integrante de una organización criminal, el incremento de la pena puede llegar hasta la mitad del máximo legal establecido.
Acceso ilícito mediante códigos de verificación: hasta seis años de prisión
Otra modificación importante corresponde al artículo 2 de la Ley N.° 30096, que sanciona el acceso ilegítimo a sistemas informáticos. La disposición establece penas de uno a cuatro años de prisión para quienes ingresen deliberadamente y sin autorización a un sistema o excedan los permisos concedidos.
La sanción aumenta a tres a seis años cuando el acceso se realiza vulnerando medidas de seguridad o utilizando sin autorización credenciales de autenticación, códigos de verificación u otros mecanismos destinados a comprobar la identidad del usuario.
¿En qué situaciones se aplica? Veamos algunos ejemplos:
- Robo de códigos de verificación: un delincuente engaña a una persona para obtener el código de seguridad enviado a su celular y lo utiliza para ingresar sin autorización a su cuenta.
- Uso de contraseñas ajenas: alguien consigue las credenciales de acceso de otra persona y las utiliza sin autorización para ingresar a un sistema informático.
- Suplantación mediante códigos de autenticación: un delincuente obtiene un código de un solo uso (OTP) y lo emplea para superar la verificación de identidad y acceder a una cuenta.
- Acceso indebido a sistemas empresariales: una persona utiliza sin autorización las credenciales de un trabajador para ingresar a una plataforma interna.
La novedad es que la legislación menciona expresamente estos mecanismos de autenticación como parte de una modalidad de acceso ilícito sancionada con mayor severidad.
Un antecedente de los riesgos asociados al uso indebido de códigos de autenticación ocurrió en 2025, cuando delincuentes que se hicieron pasar por funcionarios del Banco de la Nación lograron que trabajadores de la Municipalidad Provincial de Sullana les proporcionaran códigos de verificación temporales. Estos fueron utilizados para concretar transferencias no autorizadas por más de S/ 1,2 millones. El caso evidencia cómo los mecanismos de seguridad pueden ser aprovechados mediante engaños para ejecutar operaciones fraudulentas.
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